La detención ilegal, la tortura, la desaparición de personas y la apropiación de hijos nacidos en cautiverio, fueron las formas de llevar adelante el Genocidio, que tuvo como objetivo la instauración de un nuevo orden social, cultural y sobre todo, económico que vivimos hoy.
La impunidad de los genocidas en la dictadura continuó en los gobiernos constitucionales. Las leyes de obediencia debida, punto final e indulto garantizaron durante años esa impunidad.
La impunidad que continúa hoy cuando son juzgados solo unos pocos represores y muchos de ellos se encuentran con prisión domiciliaria o en condiciones de detención VIP.
La desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio de Etchecolatz, demuestra que el aparato represivo continua impune, y que los genocidas no están dispuestos a que se rompa el pacto de silencio llegando incluso al asesinato, como el envenenamiento del prefecto Febres para impedir que declare.
Mucho menos se ha avanzado en juzgar a los civiles cómplices (empresarios, sindicalistas, integrantes de la iglesia, etc.) que apoyaron el golpe.
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