La causa llega a Neuquén

A fines del año 2001 la Dra. Mirta Mántaras, abogada de la APDH, pide a la Cámara de Bahía Blanca que se reinicien los juicios penales, previa declaración de que “los hechos investigados son delitos de lesa humanidad, que son delitos del derecho internacional, violatorios de la convención sobre genocidio, que carecen de eficacia las leyes internas de impunidad y de prescripción...”, solicitando nuevamente se decrete la invalidez y nulidad de las leyes internas de impunidad. Ello, aún con anterioridad a que tal nulidad fuera decidida por la Corte Suprema de Justicia y antes de que el Congreso declarara la nulidad de esa ley. Por diversas razones no fue resuelto rápidamente ese pedido (dificultades de constitución de la Cámara, etc.). Finalmente, la Cámara se declaró incompetente y ordenó –sin considerar el pedido de nulidad de las leyes- que las causas debían pasar a los Juzgados Federales Penales de primera instancia de cada lugar donde se hubieran cometido los delitos. Ellos debían decidir la nulidad de la ley y continuar la investigación de los crímenes denunciados.
Es así como, en noviembre de 2005, llegan al Juzgado Federal de Neuquén, a cargo del Dr. Guillermo Labate, los casos correspondientes a esta zona, englobados en una única causa, la 8736 caratulada “Reinhold Oscar Lorenzo y otros s/Delitos c/la libertad y otros”.
Inmediatamente de ingresar la causa al Juzgado Federal, la APDH se presentó en la misma como querellante, admitiéndosela en tal carácter. Asímismo, numerosas víctimas asumieron la condición de querellantes con el patrocinio de los abogados de la APDH.
Para la reanudación de los juicios penales, el Dr. Labate debió considerar previamente el pedido de la Dra. Mántaras, lo que hizo favorablemente decretando la nulidad de la ley 23.521 y calificando a los crímenes en investigación como de lesa humanidad, por tanto imprescriptibles, inamnistiables y extraditables.
Desde entonces hasta el presente, se reunieron elementos probatorios, cuya obtención es difícil y trabajosa por el tiempo transcurrido, sobre todo la prueba referida a informes y documentación militar, siempre retaceada. Tanto el Juzgado –con la colaboración de un equipo encabezado por la Secretaria Dra. Silvina Domínguez- como la Fiscalía, ésta con el valioso aporte de la Dra. Cristina Beute, han realizado un enorme esfuerzo en el armado del rompecabezas creado por la metodología represiva para asegurar impunidad.
En este lapso, gracias a la investigación realizada y a la necesidad de lograr finalmente una condena por tanto horror, se sumaron a los casos remitidos por la Cámara de Bahía Blanca nuevas denuncias de víctimas que habían callado durante estos años, tal vez por temor, quizás por necesidad de borrar la herida con el silencio, o en muchos casos por frustración ante la impunidad impuesta durante tanto tiempo.
Estas víctimas, que han podido vencer el dolor y el temor, merecen el reconocimiento de la sociedad, también victimizada por el terrorismo de estado, porque su testimonio permitirá reconstruir y hacer conocer una historia que desde el poder se quiso tergiversar y desconocer.
También se han sumado a esta causa los casos cuya investigación estaba a cargo del Juzgado Federal de General Roca, por considerar la Cámara de dicha ciudad que en ellos tenía competencia el Juzgado Federal de Neuquén.
Hoy, la causa “Reinhold...” suma unas noventa víctimas, muchas de ellas en condición de desaparecidas