Ni el punto final, ni la obediencia debida

Luego de que los cusas por represión en la zona fueran remitidas a Bahía Blanca, la APDH Neuquén, con la abogada Mirta Mántaras, destacada profesional especialista en Derechos Humanos y en el Código de Justicia Militar, siguió el trámite de los juicios ante la Cámara de Bahía Blanca. Ya avanzado dicho trámite, fueron sancionadas las vergonzantes leyes de punto final y de obediencia debida, que pretendieron cerrar toda posibilidad de verdad y justicia.
Pero, la Dra. Mántaras planteó la inconstitucionalidad de la ley 23.521, llamada “de obediencia debida”, planteo que fue aceptado por el Fiscal Dr. Hugo Cañón y acogido por los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que se constituyó así en el único tribunal del país que resolvió conforme a derecho y conciencia y no por oportunismo político. Lamentablemente, primó este último en la Corte Suprema de Justicia de aquellos años cuando decidió revocar la decisión de la Cámara y decretar la constitucionalidad de las infames leyes de impunidad, con la digna y solitaria disidencia del Dr. Baqué, quien renunció a su cargo en la Corte después de este fallo.
Revocada la resolución de la Cámara por la Corte, quedó interrumpida la persecución penal y frustrada la aspiración de juicio y castigo a los represores, responsables de un verdadero genocidio.
No obstante, en el organismo neuquino de derechos humanos no hubo resignación, no se guardaron en un cajón las constancias del horror para que quedaran olvidadas.
Noemí Labrune, uno de los miembros fundadores de la APDH, reunió los elementos de prueba obtenidos hasta ese momento y denunció a los represores de la zona en un libro de su autoría, cuyo título lo dice todo: “Buscados”.
Mientras tanto, el reclamo de la madre de una desaparecida (caso Lapacó) logra que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera el “derecho a la verdad”, para víctimas, familiares y la sociedad toda, de lo sucedido durante el terrorismo de estado. Ello abrió la puerta a los llamados “juicios por el derecho a la verdad”, que se iniciaron primero en La Plata y luego en Bahía Blanca, este último impulsado por la APDH: de nuevo la construcción sin pausa de la memoria colectiva, contra viento y marea; es cierto que sin posibilidad de castigo, pero con la obligación de los represores de comparecer ante los jueces y la comunidad, aún cuando el pacto de silencio de los verdugos –que aún subsiste- negaba información.
Cabe señalar que del “Juicio por la verdad” de La Plata se desprendieron las causas contra Etchecolatz y Von Wernich (por no estar incluidos en la ley de obediencia debida). Hoy ambos tienen condena.En cuanto al juicio por la verdad de Bahía Blanca, el mismo fue una indudable experiencia movilizadora y una forma de sacar a la luz hechos que muchas personas preferían negar.